La ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, difundió el canal de la UAFE para reportar lavado de activos de forma anónima y segura. El canal funcionó.
«El sistema recibió un volumen inusual en pocas horas», explicó un funcionario de la unidad. «Todas las denuncias eran distintas en su redacción y coincidentes en su contenido.»
El contenido: 93 hectáreas municipales en La Libertad, Santa Elena, junto a la represa Velasco Ibarra, vendidas de forma directa y sin subasta por 2,7 millones de dólares a Jenny Ramírez, de 24 años, recién graduada en Educación Básica, sin afiliación al IESS ni actividad empresarial registrada. El metro cuadrado salió a 2,94 dólares, casi lo que cuesta un encebollado.
Ramírez primero negó la compra. Después explicó que una empresa privada, cuyo nombre no reveló, financiaría a su nombre un proyecto agroturístico. Luego desistió por oficio dirigido al Municipio.
Un reportaje señaló que la madre de Ramírez trabajaría como empleada doméstica de la familia Gellibert. La ministra calificó esa versión de relato falso.
Consultado sobre si el sistema permite denunciar a un funcionario del Gobierno, el funcionario de la UAFE fue claro: el formulario no pregunta a quién se denuncia. Pide que la información sea concreta y verificable.
Fue concreta y verificable.
La unidad reiteró que la confidencialidad del denunciante está garantizada. Sobre la confidencialidad del denunciado no se pronunció, porque nadie preguntó: el caso tiene denuncia penal desde el 9 de enero.
