La Fiscalía solicitó medidas cautelares contra varios jueces por resolver de forma sistemáticamente favorable al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y a empresas vinculadas a su entorno. El expediente se llama Caso Blindado.
El nombre lo puso la Fiscalía al abrir la investigación, no ahora. Estuvo en los oficios, en las notificaciones y en los escritos que los propios jueces recibieron y contestaron durante meses.
«Nadie lee el nombre del caso», explicó una fuente judicial. «Se lee el número.»
La defensa sostiene que las resoluciones favorables no constituyen por sí solas un patrón, sino una coincidencia sostenida en el tiempo. Consultada sobre cuántas resoluciones favorables consecutivas hacen falta para dejar de ser coincidencia, respondió que esa cifra no está en la ley.
No está. El Código Orgánico de la Función Judicial no fija un número.
El proceso continúa en la Corte Nacional. El nombre del caso se mantiene.
